Marcos Morales A. *
(Artículo publicado en
El Mercurio Legal | Lunes 13 de febrero de 2012)
En una
columna anterior señalábamos por qué nuestro ordenamiento jurídico estaba en deuda con los derechos de propiedad intelectual. El panorama, durante las últimas semanas, se ha vuelto aún más desalentador. Porque ya no estamos hablando únicamente de lagunas normativas, sino de una afectación directa hacia esta clase de derechos, en particular los llamados derechos de propiedad industrial.
Con fecha 6 de febrero en curso se publicó en el Diario Oficial la ley 20.569 que “modifica la ley Nº 19.039 de propiedad industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes” cuyo objetivo es adecuar la legislación nacional a los tratados conocidos por sus siglas inglesas TLT (Tratado sobre el Derecho de Marcas) y PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes). Si bien este último tratado entró en vigencia en nuestro país el 2 de junio de 2009, la suerte del TLT ha sido cuando menos ondulante. Porque desde su aprobación por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, la dictación del correspondiente decreto promulgatorio ha sido mantenida en suspenso a espera de la tramitación de la ley de implementación, ingresada al Congreso en agosto de 2011, y que ahora acaba de ver la luz.
